El pasado 3 de julio, en la cañada de Guajimía, Santo Domingo Oeste, un agente disparó a quemarropa contra Darlin Mercado Reyes, de apenas 19 años, y le quitó la vida en pleno operativo. El presidente Luis Abinader calificó al uniformado, José Francisco Moreta Heredia, de «animal». La frase generó titulares, pero no respondió la pregunta que debería estar en el centro del debate nacional desde hace media década: ¿qué fue de la reforma policial que el propio Abinader anunció como bandera de su gobierno en 2021?
La muerte de Darlin no es un hecho aislado. Semanas antes, en La Vega, un video mostró a Marky Abraham García Gil —»Maiky»— levantando las manos frente a varios agentes tras una persecución; segundos después sonaron los disparos que le costaron la vida. En San Francisco de Macorís, el adolescente Ángel Manuel Luna, de 16 años, murió al caer de su motocicleta cuando una unidad conjunta de la Policía Nacional y el Ejército intentó interceptarlo en plena vía. Tres casos, tres regiones, un mismo patrón: jóvenes muertos en intervenciones policiales, en medio de un proceso que se supone debía haber cambiado precisamente eso.
Una reforma que nació con seis años de retraso
La historia oficial de esta reforma no empieza en 2021, sino en 2016, cuando se promulgó la Ley 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional. Durante seis años, su reglamento de aplicación —la pieza que la hacía operativa— simplemente no se emitió. No fue hasta octubre de 2021 cuando Abinader, tras destituir al entonces director de la Policía, Edward Sánchez, y nombrar en su lugar al general Eduardo Alberto Then, anunció que finalmente pondría en marcha el reglamento pendiente. El propio gobierno reconoció en su momento que la medida buscaba corregir la irresponsabilidad que había retrasado durante cinco años la aplicación de la ley.
Ese anuncio vino acompañado de un Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, que tras ocho meses de recorridos por el país y consultas a expertos nacionales e internacionales, entregó un informe con recomendaciones sobre remuneración, control, transparencia, reclutamiento y formación docente. La empresaria Elena Viyella fue designada para coordinar la reestructuración financiera y administrativa del presupuesto policial, con un plazo de apenas 30 días para presentar propuestas.
El aparato institucional crece; la calle no cambia
En los años siguientes, el proceso generó más estructura que resultados visibles. En 2024, mediante los decretos 370-24 y 371-24, Abinader creó una nueva comisión especial —esta vez bajo el Ministerio de Interior y Policía— para revisar la Ley 590-16 y redactar un anteproyecto de ley completamente nuevo, además de fijar los «principios rectores» y la gobernanza del proceso de reforma. Se lanzó también un ciclo de diálogos ciudadanos, con apoyo de cooperación internacional, para nutrir el nuevo marco legal.
El resultado de ese trabajo llegó al Senado el 8 de diciembre de 2025: un proyecto de 315 artículos que sustituiría por completo la Ley 590-16, con un régimen de uso de la fuerza más estricto bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y restricciones a las labores de seguridad de agentes en instituciones públicas fuera de sus funciones. Pero ahí empezó otro tipo de estancamiento: el legislativo. Para abril de 2026, la comisión especial del Senado apenas había avanzado en la lectura de los artículos 28 al 40, de un total de 315. No fue hasta el 9 de julio de 2026, tras una sesión maratónica de nueve horas, que el pleno del Senado aprobó el proyecto en primera lectura, con apenas 27 senadores presentes.
El contraste resulta difícil de ignorar: en ese mismo Congreso, la reforma fiscal —una de las iniciativas más resistidas socialmente del segundo mandato de Abinader— se aprobó en tiempo récord. La reforma policial, en cambio, llegó al límite del calendario legislativo: si no se completaba su aprobación en ambas cámaras antes del cierre de la legislatura, el 26 de julio de 2026, el proyecto perimía y debía reiniciar desde cero todo el proceso.
Las voces que cuestionan el fondo, no solo la forma
Mientras el proyecto de ley avanzaba a paso lento en el Senado, la oposición política elevó el tono sobre los resultados ya obtenidos. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Gobierno invirtió RD$8,389 millones entre 2024 y 2025 en la reforma de la Policía Nacional, con resultados que, a su juicio, constituyen un fracaso rotundo. Sigfrido Pared Pérez, secretario de Defensa y Seguridad del PLD y exministro de Defensa, planteó que el problema no es presupuestario sino de origen: atribuyó el fracaso a la sustitución de la experiencia acumulada dentro de la Policía Nacional por asesorías externas ajenas al contexto sociopolítico dominicano, y señaló como falla central la ausencia de supervisión efectiva sobre las patrullas que operan en las calles.
Desde el terreno editorial, las críticas apuntan también a la raíz histórica de la institución. Un editorial de Acento recordó que la Policía Nacional dominicana nació de la intervención militar estadounidense y fue moldeada bajo la dictadura de Trujillo, uno de sus primeros directores —un origen que, según ese argumento, no se refunda con un decreto ni con la destitución de un agente señalado en un caso puntual. En la misma línea, una columna publicada en Listín Diario subrayó que, a cinco años de iniciada la reforma, la Policía todavía carece de un protocolo claro y efectivo de uso gradual de la fuerza, mientras el país cerró 2024 con una tasa de 11.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La pregunta pendiente
Entre comisiones, decretos, fideicomisos, diálogos ciudadanos y un proyecto de ley que sobrevivió por poco al calendario legislativo, la reforma policial dominicana acumula cinco años de aparato institucional. Lo que no acumula, según coinciden voces tan distintas como el PLD, medios editoriales y los propios videos que circulan en redes sociales, es una reducción visible en el uso desproporcionado de la fuerza. La pregunta que sigue sin respuesta oficial no es cuántos decretos se han firmado, sino cuántos jóvenes más tendrán que morir en un operativo para que esa distancia entre la ley y la calle finalmente se cierre.
