Una intervención militar dominicana en Haití podría comprometer vidas, afectar la economía y arrastrar al país a un conflicto de consecuencias impredecibles.
¿Qué ocurriría si soldados dominicanos cruzaran la frontera para combatir a las bandas armadas de Haití? ¿Cuánto costaría esa operación y quién garantizaría su final? Estas preguntas cobran relevancia luego de que el presidente Luis Abinader descartara una intervención militar en el vecino país y advirtiera que impedirá que las pandillas se aproximen a menos de 20 kilómetros de la frontera.
Una intervención representaría un desafío mucho mayor de lo que parece. Según el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, las bandas controlan alrededor del 70 % de Puerto Príncipe. Combatir estas organizaciones implicaría operaciones complejas, riesgos para los soldados y una posible presencia militar prolongada. La pregunta es inevitable: ¿quién garantizaría la seguridad y el funcionamiento de las instituciones haitianas después de una operación? Entrar en una guerra puede tomar horas; salir de ella podría tomar años.
El impacto económico también sería considerable. Mantener tropas en territorio extranjero exigiría millones de pesos en transporte, combustible, armamento, alimentación y asistencia médica, recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Además, una escalada militar pondría en riesgo las relaciones comerciales con Haití, mercado al que República Dominicana exportó aproximadamente US$1,203 millones en 2025. A esto se sumaría el costo más doloroso: la posible pérdida de vidas dominicanas en un conflicto de duración incierta.
Las consecuencias diplomáticas podrían ser igualmente graves. La historia compartida entre ambas naciones convierte cualquier intervención militar en un asunto especialmente sensible. Como explicó el canciller Víctor Bisonó, una operación de un país fronterizo en territorio vecino podría generar cuestionamientos sobre su legitimidad y provocar una escalada regional. Incluso, las bandas podrían aprovechar una intervención dominicana para alimentar discursos nacionalistas y aumentar las tensiones entre ambos pueblos.
La crisis haitiana requiere una respuesta internacional. Naciones Unidas ha autorizado una Fuerza de Supresión de Pandillas con capacidad prevista de hasta 5,500 efectivos uniformados. República Dominicana ya contribuye mediante apoyo logístico, asistencia médica e intercambio de inteligencia. Esta cooperación permite respaldar los esfuerzos de estabilización mientras las Fuerzas Armadas dominicanas concentran sus capacidades en proteger el territorio nacional y garantizar la seguridad fronteriza.
Defender la frontera es una obligación; involucrarse en una guerra ajena podría convertirse en un error histórico. República Dominicana necesita seguridad, estabilidad económica y una diplomacia firme, mientras la comunidad internacional asume su responsabilidad frente a Haití. La decisión de Abinader plantea una reflexión que merece estar por encima de cualquier discurso político: si República Dominicana entra militarmente a Haití, ¿quién garantiza que podrá salir sin pagar un precio demasiado alto?
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