La negativa de Gonzalo Castillo a participar en RD Debate no es una simple estrategia de campaña; es una declaración sobre la forma en que entiende el liderazgo. Quien aspira a dirigir un país de más de once millones de personas no puede escoger únicamente los escenarios donde nadie le cuestiona. La Presidencia no ofrece entrevistas previamente acordadas ni preguntas filtradas. Gobernar implica responder, argumentar y defender decisiones frente a una ciudadanía crítica.
La explicación ofrecida por su equipo, de que el proyecto «no contempla debates» porque está concentrado en el proceso interno del PLD, resulta insuficiente. Un debate no es un favor que se le hace al organizador ni un espectáculo para los medios. Es uno de los pocos espacios donde los ciudadanos pueden comparar ideas, capacidad de análisis, conocimiento del Estado y manejo de la presión. Rechazarlo transmite el mensaje de que el escrutinio público es un riesgo que conviene evitar.
La decisión revive además uno de los mayores cuestionamientos que acompañó la candidatura de Gonzalo Castillo en 2020: la percepción de que era un candidato construido alrededor del mercadeo político, pero con dificultades para comunicar, improvisar y confrontar ideas en escenarios abiertos. Seis años después, en lugar de desmontar esa imagen, parece confirmarla. Si un aspirante evita el debate cuando todavía busca convencer a su propio partido, ¿qué puede esperarse cuando tenga que enfrentar las preguntas del país entero?
El PLD necesita demostrar que aprendió de los errores que lo llevaron a perder el poder. Sin embargo, resulta contradictorio hablar de renovación mientras uno de sus principales aspirantes decide ausentarse del principal ejercicio democrático de confrontación de propuestas. Sus competidores aceptaron el reto. Él eligió el silencio. En política, el silencio rara vez proyecta fortaleza; casi siempre alimenta las dudas.
La democracia no solo consiste en depositar un voto cada cuatro años. También exige que quienes aspiran a gobernar acepten ser cuestionados. Un candidato puede tener derecho a no asistir a un debate, pero los ciudadanos también tienen derecho a preguntarse por qué alguien que quiere administrar el Estado rehúye el escenario donde únicamente debe hacer una cosa: responder preguntas.
Al final, la ausencia de Gonzalo Castillo no debilita al debate; debilita su propia candidatura. Porque en una democracia madura, quien pide el voto también debe aceptar el examen público. Y cuando un aspirante prefiere el silencio antes que defender sus ideas frente al país, deja abierta una pregunta incómoda: si no está dispuesto a debatir para ser presidente, ¿estará dispuesto a rendir cuentas cuando lo sea?
