Por Saulo Rosario
El voto va más alla del simple acto de depositar una boleta en las urnas. Es una expresión de confianza, una manifestación de pertenencia y el principal mecanismo mediante el cual la ciudadanía confiere legitimidad al poder político. Como señalaba Giovanni Sartori, el voto es el instrumento que permite a la democracia representativa transformar las preferencias de los ciudadanos en gobiernos legítimos.
En la República Dominicana, el sufragio es al mismo tiempo un derecho y un deber ciudadano. La Constitución establece que debe ejercerse de manera personal, libre, directa y secreta, mientras que la Ley Orgánica del Régimen Electoral regula los procedimientos para garantizar elecciones transparentes y confiables.
En varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay, el voto es obligatorio y su incumplimiento conlleva sanciones. La razón de este modelo se basa en reforzar la participación ciudadana mediante el deber cívico, no mediante la concesión de beneficios materiales.
Sin embargo, recientemente la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que propone incentivar la participación electoral otorgando ventajas en el acceso a empleos públicos, becas, programas sociales, viviendas y adjudicación de obras a quienes ejerzan el voto. Sus promotores sostienen que la iniciativa contribuiría a reducir el abstencionismo, especialmente entre los jóvenes, fortalecer la democracia y disminuir prácticas como la compra de votos.
Entonces, ¿puede una democracia fortalecerse premiando el acto de votar o, por el contrario, corre el riesgo de convertir el sufragio en una operación de intercambio?
Es posible que este tipo de incentivos incremente la participación electoral en términos cuantitativos. Sin embargo, la democracia necesita mucho más que ciudadanos presentes en las urnas. Hacen falta más ciudadanos informados, críticos, comprometidos con el debate público y convencidos de que su voto tiene la capacidad de producir cambios reales. Más que recompensas, la legitimidad democrática se construye sobre la confianza.
La abstención electoral no se debe únicamente a la apatía. En muchos casos es consecuencia de la desconfianza en las instituciones, del desencanto con los partidos políticos y de la percepción de que la voluntad popular tiene escasa o nula incidencia sobre las decisiones públicas. Mientras esas causas permanezcan intactas, ningún incentivo administrativo o material resolverá el problema de fondo.
Más aún, ofrecer beneficios asociados al ejercicio del voto podría generar incentivos perversos. En lugar de fortalecer la cultura cívica, existe el riesgo de enviar el mensaje de que participar en democracia sólo vale la pena cuando existe una remuneración. Paradójicamente, una iniciativa concebida para combatir la compra de votos podría terminar reforzando la idea de que el sufragio tiene un precio.
Nuestra democracia precisa de ciudadanos que voten por convicción y no por conveniencia. Más que premiar el sufragio, la responsabilidad del Estado radica en garantizar instituciones confiables, procesos electorales transparentes, partidos políticos democráticos y gobiernos capaces de cumplir sus compromisos.
El voto no debe convertirse en una moneda de cambio. Debemos apostar porque siga siendo el acto libre mediante el cual una sociedad decide su destino. Si queremos fortelecer la democracia, el remedio no es motivar que más personas voten a cualquier precio, la gente debe votar porque cree realmente en sus instituciones, en sus partidos políticos y en sus candidatos.
