La rueda de prensa convocada por la Cámara de Diputados para anunciar la apertura de un proceso de recepción de propuestas de modificación al nuevo Código Penal terminó dejando una imagen que rápidamente ocupó la conversación pública. Durante el turno de preguntas, el comunicador Eduardo Sánchez, conocido como «El Piro», abordó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, utilizando una expresión coloquial: «Pacheco, de tiguere a tiguere…». Antes de que concluyera su planteamiento, el legislador lo interrumpió para manifestar que no aceptaba ese tipo de calificativos en un escenario institucional. Aunque el intercambio no escaló a una confrontación mayor, el momento desvió la atención del tema central que motivó la convocatoria.
El episodio pone sobre la mesa una reflexión importante sobre la relación entre la prensa y las instituciones públicas. Las ruedas de prensa son espacios diseñados para que los funcionarios rindan cuentas y respondan preguntas, incluso aquellas que resultan incómodas. Del mismo modo, quienes ejercen el periodismo o la comunicación tienen la responsabilidad de formular sus cuestionamientos con firmeza, pero también con el lenguaje y las formas que demanda el contexto institucional en el que se encuentran.
En este caso, la reacción de Alfredo Pacheco dejó claro que consideró inapropiada la forma en que fue abordado, mientras que Eduardo Sánchez insistió en cuestionar si la decisión de revisar el Código Penal respondía a la presión generada por los cacerolazos y las manifestaciones ciudadanas. La pregunta era legítima dentro del debate público; la discusión surgió alrededor de la manera en que fue introducida. Ese detalle demuestra cómo, en ocasiones, las formas terminan eclipsando el contenido de asuntos que merecen una discusión mucho más profunda.
Lo verdaderamente relevante continúa siendo el anuncio realizado por la Cámara de Diputados: la apertura de un espacio para recibir propuestas de modificación a un Código Penal que ha generado un amplio debate nacional y numerosas observaciones por parte de organizaciones sociales, juristas, gremios y ciudadanos. La expectativa de la sociedad no está centrada en el intercambio entre un comunicador y un legislador, sino en conocer si ese proceso de revisión será amplio, transparente y producirá cambios que respondan a las preocupaciones planteadas por distintos sectores.
La fortaleza de una democracia también se refleja en la calidad de sus intercambios públicos. Los representantes del Estado deben responder con apertura, serenidad y disposición al escrutinio ciudadano, mientras que los comunicadores tienen la oportunidad de elevar el nivel del debate formulando preguntas directas, sustentadas y respetuosas. Cuando ambas partes cumplen ese papel, gana la ciudadanía, porque el foco permanece sobre los asuntos de interés público y no sobre las diferencias personales.
En un momento en que el país discute una de las reformas legislativas más trascendentales de los últimos años, conviene que el protagonismo recaiga sobre las propuestas, los argumentos y las decisiones que marcarán el futuro del sistema penal dominicano. Los desacuerdos son naturales en una democracia; lo importante es que se desarrollen con respeto al escenario institucional y con la madurez que demanda un debate de tanta relevancia para la sociedad.
