El feminicidio de Esmeralda Moronta ha vuelto a estremecer a la República Dominicana y ha dejado nuevamente al país frente a una escena dolorosa que parece repetirse una y otra vez: una mujer que pidió ayuda, que denunció sentirse perseguida, vigilada y amenazada, que expresó claramente que temía por su vida, y que aun así terminó asesinada a tiros por su expareja apenas salió de la unidad donde buscaba protección.
La tragedia ha provocado indignación, impotencia y una enorme sensación de fracaso colectivo, especialmente porque, según las informaciones conocidas hasta el momento, Esmeralda había acudido precisamente al lugar donde entendía que podía estar segura. Su asesinato no solo dejó dos niños huérfanos y una familia devastada, también volvió a abrir una herida profunda en una sociedad que sigue reaccionando con horror ante cada feminicidio, pero que todavía parece incapaz de enfrentar las raíces estructurales que producen estas violencias.
La indignación colectiva es completamente legítima. También lo es el reclamo hacia las instituciones del Estado para que investiguen qué ocurrió, revisen sus protocolos y fortalezcan los mecanismos de protección y seguimiento a las víctimas de violencia de género. Sería irresponsable negar que el sistema tiene enormes debilidades y que muchas mujeres siguen sintiéndose desprotegidas incluso después de denunciar.
Sin embargo, en medio del dolor y la rabia, el país corre nuevamente el riesgo de reducir toda la discusión a la búsqueda inmediata de culpables institucionales, como si el feminicidio fuera un hecho aislado producido exclusivamente por una falla administrativa o por un protocolo insuficiente. Y aunque claro que el Estado debe asumir responsabilidades y responder con mayor eficacia, sería un error profundamente simplista concluir que esta tragedia puede resumirse únicamente en la frase “falló el Ministerio de la Mujer”, porque la realidad es mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más dolorosa: aquí falló toda la sociedad.
El feminicidio no comienza el día en que un hombre dispara, golpea o asesina. El feminicidio es casi siempre el acto final de una violencia que se fue construyendo, tolerando y normalizando durante años, muchas veces ante la mirada indiferente de familias, comunidades y entornos sociales enteros.
Es la última expresión de una cultura machista que todavía enseña a muchos hombres que una mujer les pertenece, que el control es una demostración de amor, que los celos son una prueba de interés y que una ruptura puede interpretarse como una humillación que debe castigarse. Por eso, cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, el problema ya llegó demasiado lejos, porque antes del disparo casi siempre existieron señales previas, amenazas, persecuciones, control emocional, violencia psicológica, manipulación y miedo.
El crimen no aparece de la nada. El feminicidio es la consecuencia extrema de una estructura cultural que sigue reproduciendo formas violentas de entender las relaciones afectivas y el poder masculino. Por eso resulta insuficiente reaccionar únicamente cuando ocurre la tragedia y limitar toda la discusión a la respuesta final del sistema judicial o institucional.
El país necesita comprender que la prevención real no comienza en una fiscalía, ni en una orden de alejamiento, ni en una casa de acogida, aunque todas esas herramientas sean necesarias e importantes. La prevención empieza mucho antes, en los hogares, en las escuelas, en la manera en que criamos a los niños, en cómo construimos las masculinidades y en todas las ideas machistas que seguimos justificando socialmente bajo discursos aparentemente normales.
Todavía existen niños que crecen escuchando que los hombres “mandan”, que no deben mostrar emociones, que tienen que imponerse, controlar o demostrar poder para validar su masculinidad. Todavía existen familias que minimizan conductas agresivas, comunidades que justifican el acoso y entornos sociales que convierten los celos obsesivos en una expresión romántica.
Después, cuando esa violencia escala hasta el feminicidio, el país entero actúa sorprendido, como si no hubiera visto durante años las raíces de esa conducta crecer frente a sus ojos. Y no, entender la dimensión cultural del problema no significa quitar responsabilidad al Estado. Las instituciones tienen obligaciones enormes frente a esta crisis y deben responder con más rapidez, más sensibilidad y más contundencia.
El seguimiento a las denuncias tiene que ser más efectivo, las medidas de protección deben activarse con mayor urgencia y las alertas de alto riesgo no pueden manejarse con burocracia o indiferencia. Ninguna mujer que expresa temor por su vida debería sentirse sola o desprotegida mientras espera que el sistema actúe.
Pero incluso reconociendo todas esas debilidades institucionales, también debemos hacernos preguntas incómodas como sociedad. ¿Por qué muchas mujeres rechazan ir a casas de acogida? ¿Por qué tantas víctimas sienten que abandonar su hogar, su trabajo, su rutina y su estabilidad económica termina convirtiéndose en otra forma de castigo mientras el agresor permanece libre?
¿Por qué todavía hay sectores que intentan justificar al agresor o cuestionar las decisiones de la víctima incluso después de un feminicidio? Parte del problema también está en cómo seguimos desplazando la responsabilidad hacia las mujeres incluso en medio del horror. Que si volvió con él. Que si no aceptó ayuda. Que si debió irse antes. Que si tomó malas decisiones.
Como si la responsabilidad de sobrevivir recayera exclusivamente sobre quien estaba siendo perseguida, amenazada y violentada. Esa lógica no solo es profundamente injusta, también revela hasta qué punto el machismo continúa infiltrado en la conversación pública y en la manera en que entendemos la violencia de género.
Seguimos analizando el feminicidio únicamente desde la consecuencia y no desde la raíz, y mientras no desmontemos las estructuras culturales que producen estas violencias, seguiremos reaccionando cuando ya sea demasiado tarde. La República Dominicana necesita hablar urgentemente de nuevas masculinidades, de educación emocional, de igualdad y de respeto desde la infancia.
Necesita enseñarles a los niños que amar no es controlar, que una mujer no es propiedad de nadie y que el rechazo nunca puede convertirse en una justificación para la violencia. Porque ningún ministerio, por sí solo, podrá detener una violencia que se sigue reproduciendo todos los días en hogares, escuelas, iglesias, redes sociales y espacios comunitarios.
El feminicidio no es únicamente un problema judicial o policial; es un problema cultural, educativo y social que refleja una enfermedad mucho más profunda en la manera en que seguimos formando a muchos hombres dentro de nuestra sociedad. Y mientras el país continúe tratando cada caso como una tragedia aislada en lugar de asumir que existe un problema estructural en la raíz misma del machismo, las cifras seguirán creciendo y las respuestas seguirán llegando demasiado tarde.
Esmeralda Moronta no necesitaba únicamente un protocolo. Necesitaba una sociedad distinta.
