Durante años, gran parte de la izquierda latinoamericana construyó su fuerza política hablando de empleo, salario, acceso a la salud, educación pública, transporte, seguridad social y desigualdad. Era una izquierda conectada con las preocupaciones cotidianas de la mayoría. Una izquierda que entendía que el hambre, el desempleo y el costo de la vida eran temas profundamente políticos.
Sin embargo, en distintos países, una parte importante de los sectores progresistas comenzó a desplazar el centro de su discurso hacia debates identitarios y culturales que, aunque relevantes, no necesariamente representan la prioridad urgente de amplios sectores sociales. El feminismo, la diversidad sexual y las discusiones de género pasaron a ocupar un espacio central en la narrativa pública de muchos movimientos y gobiernos de izquierda.
El problema nunca ha sido defender derechos. Toda sociedad democrática debe avanzar hacia mayores niveles de inclusión, respeto y dignidad humana. El verdadero problema aparece cuando esas discusiones terminan sustituyendo conversaciones urgentes sobre economía, seguridad, servicios públicos o calidad de vida. Cuando una madre está preocupada porque el dinero no le alcanza para comprar comida, difícilmente sentirá que el debate político la representa si escucha más discursos sobre lenguaje inclusivo que sobre el precio de la canasta básica.
La política tiene una regla simple: quien conecta con las angustias de la mayoría, gana terreno. Y en muchos países, mientras sectores progresistas concentraban gran parte de su energía en debates culturales, figuras de extrema derecha entendieron algo elemental: la gente quería escuchar propuestas sobre inflación, empleo, delincuencia y estabilidad. Así crecieron liderazgos como los de Javier Milei, Nayib Bukele o nuevas corrientes ultraconservadoras en Europa y América Latina.
Muchas personas que hoy votan por opciones de derecha radical no necesariamente lo hacen porque rechacen la diversidad o los derechos civiles. En muchos casos, sienten que esos sectores políticos hablan con mayor claridad sobre sus problemas diarios. Ahí es donde parte de la izquierda perdió conexión con sectores populares que históricamente habían sido su principal base política.
Gobernar implica construir mayorías. Y las mayorías suelen estar atravesadas por preocupaciones materiales muy concretas. El ciudadano común quiere vivir seguro, pagar menos por los alimentos, conseguir empleo, tener acceso a medicamentos y sentir que puede progresar. Cuando esos temas desaparecen del centro del debate político, se crea un vacío que otros actores aprovechan rápidamente.
La izquierda tiene derecho a defender agendas de inclusión y derechos humanos. De hecho, debe hacerlo. Pero convertir esos temas en la principal bandera de identidad política puede terminar reduciendo su capacidad de conectar con amplios segmentos sociales.
El desafío para los sectores progresistas en esta etapa no es abandonar causas sociales o derechos adquiridos. El desafío es recuperar equilibrio político. Volver a hablar de salarios, viviendas, hospitales, corrupción, movilidad social y oportunidades. Volver a parecer una fuerza preocupada por la vida cotidiana de la mayoría y no solamente por debates que muchas veces se desarrollan en redes sociales, universidades o círculos intelectuales.
Porque cuando la política deja de hablarle a la mayoría, la mayoría busca a quien sí lo haga. Y muchas veces termina encontrándolo en proyectos autoritarios, radicales o profundamente reaccionarios.
La izquierda todavía tiene espacio para reconstruirse. Pero para hacerlo necesita recordar algo esencial: las grandes transformaciones políticas casi siempre comienzan en la mesa vacía de una familia, en el miedo de caminar por una calle insegura o en la desesperación de quien trabaja y aun así no logra vivir con dignidad.
