El auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo representa un alivio político para el exfuncionario y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y también abre una discusión mucho más profunda y delicada para el país: ¿qué está pasando con los grandes casos de corrupción en República Dominicana y por qué el Ministerio Público sigue teniendo dificultades para lograr condenas sólidas?
Durante años, el caso Calamar fue presentado como una de las investigaciones más importantes contra la corrupción administrativa reciente. Se habló de una presunta estructura que habría defraudado al Estado dominicano con miles de millones de pesos. La narrativa pública construida alrededor del expediente proyectaba un caso robusto, complejo y sustentado con suficientes evidencias para llevar a juicio a importantes exfuncionarios del pasado gobierno.
Sin embargo, la decisión judicial de este viernes vuelve a generar una sensación que se ha repetido demasiadas veces en el país: grandes anuncios, extensas ruedas de prensa, expedientes voluminosos y poca capacidad de traducir esas acusaciones en condenas contundentes ante los tribunales.
Para muchos defensores de la institucionalidad y de la lucha contra la corrupción, el problema no necesariamente está en que una persona resulte descargada. En democracia, la presunción de inocencia y el debido proceso son principios fundamentales. El verdadero problema surge cuando el Estado crea enormes expectativas públicas sobre casos emblemáticos y luego no logra sostener técnicamente las acusaciones frente a los jueces.
Cada caso de alto perfil que termina debilitado en tribunales alimenta la percepción de improvisación, sobreexposición mediática y deficiencias investigativas dentro del sistema de persecución penal. Y esa percepción termina afectando incluso las causas legítimas.
El Ministerio Público ahora enfrenta un enorme desafío de credibilidad. La lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de narrativas políticas o de impacto mediático. Requiere investigaciones técnicamente impecables, manejo riguroso de pruebas, respeto procesal y capacidad real de construir expedientes capaces de resistir el escrutinio judicial.
De lo contrario, el mensaje que termina recibiendo la ciudadanía es peligroso: que los grandes casos nunca llegan a consecuencias reales.
La situación también deja preguntas incómodas para el sistema político. Si figuras señaladas durante años por presuntos actos de corrupción logran reposicionarse políticamente tras obtener decisiones favorables, ¿qué impacto tiene eso sobre la confianza pública en la justicia? ¿Cómo afecta la percepción de impunidad? ¿Qué sienten los ciudadanos que durante años escucharon que estos expedientes marcarían “un antes y un después” en la lucha anticorrupción?
El anuncio de Gonzalo Castillo de que “va con tó” hacia el 2028 refleja precisamente esa nueva etapa. El exministro no salió del tribunal con un perfil defensivo o cauteloso. Salió relanzando su proyecto político y enviando un mensaje de fortaleza. En términos simbólicos, eso representa una derrota política para un Ministerio Público que convirtió estos casos en bandera central de su narrativa institucional.
La discusión ya no es únicamente sobre Gonzalo Castillo. La discusión es sobre la capacidad del Estado dominicano para investigar, sustentar y sancionar la corrupción de alto nivel sin que los casos terminen atrapados entre errores procesales, debilidades probatorias o percepciones de selectividad política.
Porque cuando los expedientes se caen, debilita la confianza en la justicia.
