La manifestación realizada este viernes por el movimiento Movimiento Reconocido frente al Palacio Nacional vuelve a evidenciar una realidad que continúa afectando a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana: vivir durante años entre la incertidumbre, la exclusión y las dificultades para acceder plenamente a derechos fundamentales en el país donde nacieron.
A doce años de la promulgación de la Ley 169-14, organizaciones sociales y personas afectadas aseguran que la promesa de reparación y reconocimiento de derechos todavía permanece incompleta. Durante la protesta, los manifestantes denunciaron que muchas personas continúan enfrentando trabas burocráticas, retención de documentos de identidad y limitaciones para estudiar, trabajar o realizar procesos básicos de la vida cotidiana.
Bajo el lema “No somos invisibles: pongámosle fin a la apatridia”, los participantes recordaron que la legislación fue aprobada en 2014 como respuesta a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, una decisión que dejó sin nacionalidad a miles de personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana. Según expresaron, gran parte de quienes fueron afectados todavía esperan soluciones reales y definitivas.
El movimiento también denunció casos de detenciones arbitrarias, expulsiones ilegales y prácticas de perfilamiento racial contra dominicanos de ascendencia haitiana. Entre los testimonios presentados durante la actividad estuvo el caso de Lina Pie Lima, quien, de acuerdo con lo expuesto por la organización, habría sido expulsada hacia Haití pese a portar documentos dominicanos y posteriormente retenida bajo vigilancia migratoria tras dar a luz en un hospital público.
Los manifestantes exigieron la entrega inmediata de documentos a todas las personas beneficiarias de la Ley 169-14, el cese de las expulsiones ilegales y la reapertura de oficinas de seguimiento creadas para la aplicación de la normativa. También solicitaron una reunión con autoridades del Gobierno para abordar soluciones humanas y sostenibles frente a la situación de apatridia y desnacionalización.
“Somos dominicanos y dominicanas de pleno derecho. Somos parte de la historia y de la vida de este país”, expresaron los participantes al concluir la jornada de protesta frente a la sede del Poder Ejecutivo, en un llamado a que el Estado dominicano garantice plenamente sus derechos y reconocimiento ciudadano.
