La aprobación en primera lectura del proyecto que prohíbe la venta de refrescos y comida ultraprocesada en cafeterías escolares representa una decisión correcta y necesaria para la salud de miles de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. Durante años, las escuelas convivieron con productos cargados de azúcar, sodio y grasas, normalizando hábitos alimenticios que hoy impactan directamente los niveles de obesidad, diabetes y otras enfermedades.
La medida aprobada por la Cámara de Diputados también envía un mensaje importante: la alimentación escolar debe verse como una política pública de salud, educación y bienestar, no solamente como un servicio complementario. Garantizar agua potable, regular lo que se vende dentro de los centros educativos y establecer controles más estrictos es avanzar hacia entornos más saludables para la niñez dominicana.
Pero este debate no puede detenerse ahí.
República Dominicana también necesita avanzar hacia una Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos clara, moderna y efectiva, que permita a la población identificar de manera rápida cuándo un producto tiene exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas. La información nutricional no puede seguir escondida en letras pequeñas que la mayoría de consumidores nunca entiende.
Proteger la salud de la niñez requiere decisiones más firmes, incluso cuando chocan con intereses económicos. Lo aprobado esta semana es un paso importante. El siguiente debe ser garantizar que cada familia pueda saber realmente qué está consumiendo.
