El Partido Revolucionario Moderno (PRM) entró esta semana en una nueva etapa de tensiones internas tras anunciar su intención de extender los mandatos de sus actuales autoridades nacionales, territoriales y sectoriales, una decisión que ha generado respaldo dentro de sectores de la dirigencia, pero también cuestionamientos desde distintas corrientes del oficialismo.
La propuesta contempla extender por un año las autoridades nacionales del partido y por hasta dos años las estructuras locales y sectoriales. Según explicó la Dirección Ejecutiva del PRM, la medida responde al contexto económico, social e internacional actual, y busca mantener al partido enfocado en las tareas de gobierno y en preservar la estabilidad política.
Dentro de la organización, la dirigencia oficialista ha defendido la iniciativa como una estrategia orientada a evitar conflictos internos anticipados de cara al proceso presidencial de 2028. Sectores cercanos a la cúpula consideran que unas elecciones internas en este momento podrían profundizar divisiones, activar disputas territoriales y distraer al partido de la gestión gubernamental.
El debate también refleja una realidad política más amplia dentro del PRM: la convivencia de distintas corrientes, liderazgos y aspiraciones presidenciales que ya comienzan a posicionarse con miras al próximo ciclo electoral. En ese escenario, la renovación de estructuras internas se convierte en un tema sensible para múltiples sectores de la organización.
Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas. Dirigentes como Guido Gómez Mazara y el diputado Eugenio Cedeño han cuestionado públicamente la propuesta, argumentando que la democracia interna y la renovación dirigencial no deberían posponerse. Otros sectores han advertido sobre el riesgo de mantener estructuras partidarias alejadas de las bases y de limitar espacios para nuevos liderazgos.
Las críticas también se han extendido hacia el aspecto normativo. El artículo 152 de los estatutos del PRM establece que las autoridades partidarias deben durar cuatro años en sus funciones, mientras que la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos señala que las organizaciones deben renovar periódicamente sus órganos de dirección mediante mecanismos democráticos.
Aun así, la Dirección Ejecutiva del PRM insiste en que cualquier decisión será conocida y aprobada a través de los mecanismos institucionales del partido, incluyendo la Convención Nacional, órgano que tendrá la responsabilidad de validar o rechazar la propuesta.
Mientras tanto, la organización oficialista ha iniciado una agenda de reuniones y encuentros internos para buscar consenso entre sus estructuras nacionales y territoriales. La dirigencia también ha comenzado recorridos por distintas provincias del país para socializar la propuesta y fortalecer el respaldo interno a la medida.
La discusión ocurre en un momento clave para el sistema político dominicano, donde los procesos internos de los partidos comienzan a adquirir cada vez más relevancia pública. Más allá de la decisión final que adopte el PRM, el debate vuelve a colocar sobre la mesa temas como la institucionalidad partidaria, la renovación de liderazgos, la cohesión interna y el papel de la democracia dentro de las organizaciones políticas.
