Autor: Milcom Olivo
Cada cierto tiempo, en entrevistas, paneles, tertulias políticas y titulares de prensa, vuelve una pregunta presentada como si fuera inocente: ¿Está República Dominicana preparada para que una mujer sea presidenta? Lejos de ser una pregunta neutral, encierra una trampa cultural y política: coloca sobre las mujeres una prueba de legitimidad que rara vez se le exige a los hombres
A ningún dirigente masculino se le pregunta si el país está “listo” para que él gobierne por ser hombre. Se le cuestiona su experiencia, su partido, sus alianzas, su discurso, su capacidad electoral, su gestión o sus vínculos de poder. Pero cuando se trata de una mujer, la pregunta cambia de nivel: ya no se evalúa solamente a la candidata; se pone en duda la posibilidad misma de que una mujer encarne la autoridad presidencial. Ahí aparece el machismo no como insulto callejero, sino como estructura cultural.
La República Dominicana no tiene un problema de “preparación” para ser gobernada por una mujer. Tiene un problema más incómodo: una parte de su cultura política todavía asocia el poder duro, la jefatura nacional, la autoridad militar, la conducción económica y la figura presidencial con lo masculino.
Esta exclusión se hace evidente al observar la pirámide del poder político tras las elecciones de 2024. El sistema permite la entrada de las mujeres en las bases plurales donde el voto se dispersa, pero les corta el paso a medida que los cargos ganan peso individual y presupuesto. El fenómeno se ilustra perfectamente con los niveles de representación alcanzados por las mujeres en las últimas elecciones:
- Regidurías: 43.6% (El punto de mayor participación, un espacio colectivo).
- Diputaciones: 37.2% (Cuerpo legislativo plural).
- Alcaldías: 10.13% (Mando municipal unipersonal).
- Senadurías: 12.5% (Poder legislativo concentrado).
Estos números cuentan una realidad que pocas veces se analiza con suficiente profundidad.
Las mujeres alcanzan su mayor nivel de representación en las regidurías, un órgano colegiado donde las decisiones son compartidas y el poder está distribuido entre varios representantes. En las diputaciones, donde también existe una dinámica colectiva y una representación plural, la participación femenina continúa siendo relativamente alta.
Pero a medida que el cargo concentra mayor autoridad individual, la representación de las mujeres comienza a desplomarse.
El salto entre las diputaciones (37.2 %) y las senadurías (12.5 %) es particularmente revelador. Mientras la Cámara de Diputados distribuye la representación entre múltiples legisladores, el Senado concentra la representación política de cada provincia en una sola persona. Y es precisamente ahí donde las mujeres desaparecen en gran medida.
La misma lógica se observa en las alcaldías. Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población dominicana, apenas ocupan el 10.13 % de los gobiernos municipales. Cuando se trata de ejercer el mando principal, administrar presupuestos, dirigir estructuras políticas y convertirse en la máxima autoridad de un territorio, la presencia femenina se reduce dramáticamente al mínimo.
No es coincidencia, lo que muestran estos datos es que el sistema político dominicano parece sentirse relativamente cómodo con las mujeres participando del poder, siempre que este sea compartido. Sin embargo, cuando se trata de ejercer el liderazgo principal, de ocupar la posición más visible o de concentrar la autoridad institucional, emergen resistencias mucho más fuertes.
Mientras los partidos políticos cumplen las cuotas en el papel, pero las sabotean en la práctica colocando nombres femeninos en suplencias, negándoles financiamiento o frenándolas bajo el pretexto de que «no tienen estructura» o «no es su momento». Esta resistencia cultural se apoya en una herencia presidencialista construida sobre un modelo trujillista y caudillista que asocia el mando con la virilidad simbólica. Al hombre se le tolera el temperamento fuerte; a la mujer se le vigila el tono de voz y se le exige una excelencia preventiva para la cual no hay margen de error.
El país ha tenido mujeres vicepresidentas, ministras, legisladoras, alcaldesas, juezas, empresarias, académicas, diplomáticas, dirigentes comunitarias y lideresas sociales. Entre ellas, Margarita Cedeño de Fernández ocupó la vicepresidencia de la República durante dos períodos consecutivos (2012-2020) y posteriormente compitió por la candidatura presidencial de su partido, quedando en tercer lugar en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Actualmente, Raquel Peña ocupa la vicepresidencia desde 2020 y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, ha formalizado sus aspiraciones presidenciales para 2028, abriendo nuevamente el debate sobre la posibilidad de que República Dominicana elija por primera vez a una mujer para la Presidencia de la República.
América Latina ya ha tenido presidentas: Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica, Violeta Chamorro en Nicaragua, Xiomara Castro en Honduras, Claudia Sheinbaum en México, entre otras.
Eso no significa que la región haya superado el machismo. De hecho, muchas de esas mujeres gobernaron bajo ataques intensos, campañas misóginas y dobles estándares. Pero sus presidencias desmontan la idea de que el liderazgo femenino sea una rareza incompatible con la conducción del Estado.
La pregunta entonces debería invertirse: ¿por qué un país con mujeres altamente formadas, con experiencia de gestión, liderazgo político, trayectoria pública y capacidad demostrada todavía no ha elegido una presidenta?
La respuesta no está en las mujeres. Está en las barreras visibles e invisibles que limitan su acceso al poder. Está en los partidos que siguen reservando los espacios de mayor influencia para los hombres. Está en los estereotipos que cuestionan la autoridad femenina. Está en una cultura política que todavía considera natural que los hombres gobiernen y excepcional que lo hagan las mujeres.
El problema no es la ausencia de lideresas. El problema es la resistencia histórica a reconocerlas como legítimas depositarias del poder.
