El presidente Luis Abinader anunció la convocatoria a un “gran acuerdo nacional” con sectores políticos, sociales y productivos, en medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre y el impacto económico de la guerra en Medio Oriente. La iniciativa, presentada tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, busca articular medidas que permitan sostener el crecimiento económico y mitigar los efectos sobre las familias dominicanas.
El llamado ha sido respaldado rápidamente por actores clave del sector empresarial, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Confederación Patronal de la República Dominicana, quienes han insistido en la necesidad de coordinación público privada para preservar la estabilidad, el empleo y la competitividad en un entorno global volátil. El Gobierno, por su parte, ha instruido a ministerios clave a iniciar un proceso de consultas para socializar las medidas que se pondrían sobre la mesa.
Sin embargo, más allá del discurso de unidad, surge una pregunta inevitable: ¿de qué tipo de medidas estamos hablando realmente? En escenarios de crisis global, los acuerdos nacionales suelen traducirse en decisiones estructurales que impactan directamente las finanzas públicas. Ajustes al gasto, revisión de subsidios o incluso cambios en el sistema tributario han sido, históricamente, parte de este tipo de pactos.
En ese contexto, el debate sobre una posible reforma fiscal comienza a asomarse, aunque todavía no se mencione de forma explícita. La presión por sostener el crecimiento, enfrentar el aumento de los combustibles y proteger el poder adquisitivo podría empujar al Gobierno a replantear su política fiscal. La pregunta clave es si este diálogo buscará únicamente medidas coyunturales o si abrirá la puerta a transformaciones más profundas.
El reto no es menor. Un acuerdo de esta magnitud implica consensos políticos, sociales y económicos que van más allá de la coyuntura internacional. También exige transparencia sobre el alcance real de las medidas y, sobre todo, claridad sobre quiénes asumirán los costos de la crisis.
Al final, la invitación al diálogo ya está hecha. Ahora le toca al país responder… y preguntarse: ¿estamos ante un esfuerzo de consenso para proteger la economía o frente al primer paso hacia una reforma fiscal que aún no se quiere nombrar?
