Hay una pregunta incómoda que rara vez se hace en voz alta en El Salvador: ¿cuánto tiempo puede un pueblo aplaudir la construcción de su propia jaula, si esa jaula además funciona?
En siete años, Nayib Bukele desmontó, pieza por pieza, los contrapesos que existen para que ningún gobierno se vuelva permanente. Destituyó a los jueces que podían frenarlo. Cambió las reglas para poder reelegirse. Volvió a cambiarlas para poder reelegirse otra vez, y otra, indefinidamente. Redibujó el mapa municipal y legislativo del país a su medida. Y desde marzo de 2022 gobierna bajo un régimen de excepción que ya lleva más de cincuenta prórrogas ininterrumpidas —es decir, más de cuatro años en los que el Estado puede detener a cualquier persona sin decirle por qué.
Nada de esto se hizo a escondidas. Todo pasó por asambleas, votaciones, sentencias con membrete oficial. Ese es, precisamente, el hallazgo más inquietante de este caso: las dictaduras del siglo XXI no necesitan tanques. Necesitan mayorías, paciencia y una razón que la gente esté dispuesta a comprar.
Y Bukele tiene esa razón. Antes de él, El Salvador enterraba a más de cien personas por cada cien mil habitantes cada año. Hoy esa cifra es de menos de dos. Eso no es un matiz ni un truco de propaganda: es la diferencia entre un país donde una madre podía perder a un hijo camino al colegio y uno donde, por primera vez en generaciones, no. Por eso lo respalda entre el 85% y el 94% de la población, un nivel de aprobación que casi ningún presidente del mundo sostiene durante siete años seguidos. Y por eso resulta tan fácil, para quien vivió el terror de las pandillas, encogerse de hombros ante la palabra «dictadura».
Pero la historia de la región enseña algo que conviene no olvidar: Fujimori también tenía una razón —el terrorismo de Sendero Luminoso—. Chávez también tenía la suya —el hartazgo con una clase política corrupta—. Ortega empezó, como Bukele, siendo un hombre elegido con entusiasmo genuino. Los tres terminaron gobernando sin que nadie pudiera, en la práctica, sacarlos del poder. Y los tres, mientras lo hacían, insistieron en que actuaban dentro de la ley.
Ese es el patrón que debería preocuparnos, no porque Bukele sea igual a ellos hoy —no lo es, y sería deshonesto decir que sí—, sino porque la ruta institucional que está recorriendo es idéntica a la que ellos recorrieron antes de convertirse en lo que se convirtieron. La Ley de Agentes Extranjeros que sacó del país a más de cien periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos años es, casi al calco, la misma herramienta que Nicaragua usó para asfixiar a su prensa independiente. Eso no es una coincidencia retórica; es un manual que ya se escribió, y que se está reutilizando.
Quizás la pregunta correcta no es si El Salvador ya es una dictadura. Es si un país puede darse cuenta de que lo es solo cuando ya es demasiado tarde para remediarlo por la vía que hoy todavía existe: las urnas. Bukele ganó esas urnas limpiamente, una y otra vez. El problema no es cómo llegó al poder. Es que ahora es él quien decide cuándo, cómo y si alguna vez alguien más podrá disputárselo.
Ese es el costo silencioso de cambiar seguridad por controles. Puede que valga la pena. Pero un pueblo solo puede decidir si vale la pena si alguien se atreve a nombrar, con precisión, lo que realmente se está pagando.
