La justicia ordenó además la devolución de RD$5,000 millones al Estado y dictó condenas contra varios integrantes de la estructura que operó en el Cusep y el Cestur entre 2012 y 2020.
La madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió una de las sentencias más relevantes de los últimos años en materia de corrupción administrativa al condenar a 20 años de prisión al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre; al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou; y al coronel Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de integrar una red que desvió miles de millones de pesos de fondos públicos.
La decisión judicial también ordenó el pago de RD$5,000 millones en favor del Estado dominicano y la imposición de multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los principales condenados. Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo concluyeron que los acusados participaron en un esquema de asociación de malhechores, desfalco, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras prácticas ilegales cometidas desde posiciones de poder dentro de organismos de seguridad del Estado.
Según la sentencia, el entramado operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras del Cusep y del Cestur para desviar recursos públicos mediante mecanismos vinculados a nóminas, combustibles, alimentación y otros fondos asignados a esas instituciones. El tribunal consideró probado que parte de esos recursos fueron utilizados para adquirir bienes y justificar incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por varios de los imputados.
Uno de los elementos más relevantes del fallo fue la validación de las investigaciones financieras realizadas por el Ministerio Público. Las magistradas concluyeron que tanto Cáceres como Torres Robiou registraron movimientos económicos, bienes y operaciones bancarias que excedían ampliamente su capacidad económica como servidores públicos. La sentencia también señala que algunos préstamos utilizados para justificar el origen de recursos eran cancelados de manera anticipada con fondos provenientes de las operaciones ilícitas identificadas durante la investigación.
Además de las condenas principales, el tribunal impuso penas de 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán, mientras que otros integrantes de la red recibieron condenas de entre 10 y cinco años. En contraste, varios imputados fueron absueltos por insuficiencia de pruebas, entre ellos Tanner Flete Guzmán y otros acusados vinculados al expediente. El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, principal colaborador de la acusación, recibió una condena de cinco años de pena ya cumplida.
Más allá de las condenas individuales, la sentencia marca un precedente para el sistema judicial dominicano. Se trata de uno de los casos de corrupción más emblemáticos vinculados a altos funcionarios y mandos militares de los gobiernos anteriores. El fallo envía una señal sobre la capacidad del sistema de justicia para procesar estructuras complejas de corrupción y abre una nueva etapa en la discusión nacional sobre transparencia, rendición de cuentas y recuperación de los recursos públicos. La decisión todavía puede ser recurrida ante instancias superiores, pero desde ya se perfila como uno de los hitos judiciales más importantes de las últimas décadas en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
