Lo ocurrido en Santiago obliga a mirar de frente una realidad que se ha ido construyendo en silencio. La muerte de Deity Carlos Abreu Quezada, perseguido y apuñalado por una turba de motoristas tras un roce de tránsito sin heridos, marca un punto de quiebre que el país ya no puede ignorar. La calificación de “asesinato” hecha por la procuradora Yeni Berenice Reynoso deja claro que lo sucedido supera cualquier conflicto vial y entra en el terreno de la violencia colectiva con consecuencias irreversibles.
Lo que se activó fue una forma de justicia callejera donde la emoción se impone sobre la ley y la multitud asume un rol que corresponde a las instituciones. Este tipo de reacción, que se repite con frecuencia en distintos puntos del país, convierte cualquier incidente en una escalada peligrosa donde la vida puede quedar en manos de una turba. La diferencia en este caso fue el desenlace, aunque el comportamiento ya venía creciendo, alimentado por una convivencia tensa y una cultura que termina justificando la agresión.
En las calles se ha instalado una dinámica que agrava el problema. Motoristas que persiguen, rodean y enfrentan a conductores forman parte de una realidad cotidiana que muchos han vivido o presenciado. A esto se suma un desorden vial evidente, donde se rebasan límites, se ignoran normas y se responde con violencia ante cualquier situación. Esta combinación crea un ambiente donde el conflicto escala con rapidez y donde todos quedan expuestos.
Este caso también exige hablar con claridad sobre responsabilidades. Ninguna circunstancia justifica que un grupo persiga y ataque hasta provocar la muerte de una persona. Aquí hay responsables directos que deben enfrentar las consecuencias, y el mensaje tiene que ser firme: a los implicados en este crimen debe caerles todo el peso de la ley. La respuesta institucional no puede ser débil ni momentánea, porque lo que está en juego es la capacidad del Estado para imponer orden y proteger la vida.
Santiago dejó una señal que no admite ambigüedades. La violencia en las calles ha cruzado un límite que obliga a actuar con firmeza. El país necesita recuperar el control de sus vías y establecer que ningún grupo, por grande que sea, puede sustituir la justicia. De lo contrario, lo que hoy genera indignación corre el riesgo de convertirse en una escena más dentro de la normalidad.
